Por muchos años el caso de las comunas en Medellín ha sido el punto negativo con el que cuenta la capital de Antioquia, destacada por su crecimiento urbanístico y un buen manejo administrativo en la última década. Y es que el grave conflicto interno que se vive en algunas de las comunas necesita con urgencia acciones de carácter integral que aborden la problemática de las bandas delincuenciales y sus constantes enfrentamientos que han generado desplazamiento, asesinatos y amenazas a su paso.
La personería de Medellín publicó hace unos días un completo informe a la opinión pública donde se destaca el aumento de un 20% en los homicidios en la ciudad (1.057 entre Enero y Junio de 2010). Así mismo el comandante de la Policía de Medellín reveló que existen 123 estructuras criminales identificadas en 52 sectores de la ciudad que agrupan a más de 3.600 hombres, lo que indica que la famosa comuna 13 no es la única en esta situación de orden público y que es solo la punta visible del iceberg en esta guerra por el control del territorio y de los sitios de distribución de drogas que, según las autoridades, son desarrollados por jefes de organizaciones narcotraficantes conformadas por antiguos jefes paramilitares.
¿Es el caso de Medellín una crisis humanitaria?
El flagelo de la violencia interna de las comunas de Medellín ha desencadenado innumerables problemas sociales y de seguridad, afectando sin discriminación alguna a miles de personas que nada tienen que ver con los enfrentamientos. El dominio territorial ha alimentado la deserción escolar que supera los 1.000 niños que han dejado de recibir clases para evitar represalias por parte de las bandas criminales y que a la vez afecta a mas niñas y niños que son usados para operaciones de mensajería e inteligencia que dejan como resultado 103 infantes asesinados entre Enero y Junio de este año.
El reto es enorme. La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos prometió realizar reformas a los débiles ineficientes procesos que adelanta la normativa penal en la actualidad y que permiten la excarcelación de reconocidos maleantes por falta de denuncia, muy a pesar de haber sido capturados en flagrancia en la mayoría de los casos, aumentando la impunidad.
Aunque las disposiciones penales se corrijan, acto que espero se cumpla, la solución no está en juzgar a los violentos, aumentar el pie de fuerza policial y llenar las cárceles de Medellín con delincuentes, decisiones erradas y efímeras que solo ayudan a contrarrestar el problema por unos cuantos días. Se necesita el desarrollo de una política criminal completa por parte del Gobierno nacional y que no excluya ninguna cara y actor del conflicto. Hay que ir más allá. Pasar de las palabras a los hechos porque este problema no da espera. Solo un agresivo plan de resocialización, con oportunidades de estudio y empleo salvaría la vida de los jóvenes en las comunas de Medellín. En estas zonas desde hace mucho tiempo se han realizado inversiones millonarias en balas y uniformados sin que la violencia cese o baje su intensidad. Medellín no aguanta más discursos ni promesas, se debe actuar y de inmediato antes que esta problemática que golpea a la ciudad de la eterna primavera se extienda a otras ciudades colombianas, como ya está ocurriendo según organizaciones de derechos humanos.
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